Más de 500.000 casas buscan dueño.

         El excedente de oferta inmobiliaria en nuestro país se mueve entre las 525.000 y 550.000 viviendas. Más de la mitad están en manos de entidades financieras o de la Sareb (banco malo). Muchas llevan 6 años abandonadas. Otras muchas están a medio construir o desvalijadas por completo.

“Bueno, no está tan mal – dice un recién estrenado propietario que acaba de comprarse una casa embargada – empezaré por darle una mano de pintura, y después pondré las puertas y los mecanismos de electricidad”

          Resulta complicado calcular la inversión bloqueada en esos proyectos abandonados. Todas estas propiedades, con un coste medio de 70.000 euros. Algunas se acabarán vendiendo con el tiempo. De hecho, una vez superada la negativa de los bancos a reconocer su precio real de mercado, poco a poco se han ido resituando. Por ejemplo, en Seseña (Toledo), a principios de 2012 una empresa del Banco Santander lanzó una oferta sobre viviendas que habían ido a parar a sus manos. Pisos que en 2007 se vendían por 180.000 euros  salieron a la venta por 65.000. Añadieron una financiación muy atractiva, y prácticamente volaron. Lo que quiere decir que la población sigue queriendo adquirir vivienda, pero a su precio real. No a las estafas en la burbuja.

Sin embargo, no correrá la misma suerte otra parte del stock, que se ha levantado en ciudades “fantasma”, muy alejadas de encontrar comprador. Son ciudades con un exceso de oferta para más de 20 años. Esto es: conglomerados muy alejados de las grandes ciudades, o a 50 km de la costa. Su futuro lo marcará la distancia que las separe del núcleo urbano cercano más importante, de sus accesos por carretera, y del motivo de adquisición de los compradores.

          Las peores consecuencias de esto es que muy pocas son las viviendas que se destinan a alquiler social, una salida que sería la más beneficiosa para la población. Sólo 1.456 viviendas han tenido este final. Los bancos están regalando los pisos a fondos buitres a precios ridículos, entre 30.000 y 40.000 euros, cuando lo más normal sería cederlos a los municipios para hacer política social, ya que los bancos han sido rescatados con el dinero de los ciudadanos y muchos se han visto en la calle, con una mano delante y otra detrás.

No debemos olvidar que uno de los grandes problemas de España es lo desahucios y que podrían paliarse con estas medidas sociales. Pero claro, eso no es tan fácil. Para ello los ayuntamientos tendrían que expropiar y abonar a los propietarios un justiprecio. Y esto son muchos millones de euros de los que las administraciones, en números rojos, no disponen.

           Dado lo poco factible de la situación, tal vez la salida lógica sea adaptar los precios a la realidad del mercado, proveer de financiación al comprador de a pie, y dejar que el excedente se reabsorba poco a poco.

Sea como sea, lo que parece que está claro es que el crecimiento económico de un país no puede fundamentarse en un sector como el inmobiliario, porque es una primera necesidad.